Escrito en el año de 2008.

El Gobierno cree que el fin de las Farc está cerca. Los expertos creen que esa guerrilla vive una “derrota estratégica” y, mientras tanto, miles de campesinos en las zonas de conflicto mantienen los cultivos ilícitos porque su rescate económico todavía no llega.  

Las Farc aceptaron el golpe que el Ejército colombiano les propinó, al pasar de nuevo a la guerra de guerrillas. Hace seis años, el grupo guerrillero era un ejército con más de 20 mil hombres. Tenían bajo su control varias poblaciones del territorio nacional, se beneficiaban de los impuestos ciudadanos gracias a convenios de facto con mandatarios locales, estaban al nivel del Gobierno, gracias al proceso de negociación con el presidente Andrés Pastrana y los empresarios pagaban extorsiones por los productos que transitaban en las carreteras donde tenían influencia. 

Lo cierto, es que el grupo guerrillero no ha sido aniquilado, después de los golpes militares del Ejercito en los últimos seis años y en cambio sigue dando la pelea, atacando las ciudades y a las Fuerza Militares.

“El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que quiere mantener a las Farc, siquiera, diez años fuera de combate para que se desmoralicen. Llevan seis y todavía no se han desmoralizado ni desmovilizado. Puede que esos golpes contundentes durante otros cuatro años los pongan fuera de combate. Tengo mi duda, porque hasta el momento la red social de apoyo que hay por todo el país no ha demostrado que los haya dejado solos”, dice Eduardo Domínguez, historiador y profesor de la Universidad de Antioquia.

 

Zona por zona

Derrotado el ejército de las Farc, la tarea de la fuerza pública ahora es desarticular al grupo en las zonas donde todavía tiene grupos armados y se concentra su economía, proveniente de los cultivos de coca. Derrotar la ideología subversiva en el campo es tarea del gobierno, el campesino se siente olvidado por el Estado y sigue remplazando la agricultura de subsistencia por la siembra de cultivos ilícitos.

Según Naciones Unidas, “Colombia continúa seriamente afectada por un conflicto armado interno que se remonta a más de cuatro décadas. Es también cada vez más evidente que los grupos armados ilegales están involucrados de manera directa o indirecta en actividades de narcotráfico, y que están asociados con redes locales e internacionales de crimen organizado y corrupción, estas actividades incluyen cobros a los cultivadores, almacenamiento y tráfico en las respectivas zonas de control o influencia; la administración directa del suministro de precursores químicos necesarios para el procesamiento ilegal de estupefacientes; el reclutamiento y pago de cultivadores y cosechadores; la vigilancia y mantenimiento de aeropuertos clandestinos y, en algunos casos, la exportación directa de drogas y el lavado de activos”. Sin embargo, el gobierno niega la presencia de la subversión en el campo colombiano, dándole un tinte triunfalista a la guerra y desconociendo la situación de los campesinos.

 

El problema, sostiene Domínguez, es que “acabar militarmente con las Farc no le pone fin al conflicto interno armado o al que el gobierno llama comillas atentado terrorista contra la democracia. Por una razón muy clara: primero porque esa estrategia de seguridad democrática parte de un diagnóstico equivocado al proceso histórico colombiano: la guerra no la inventaron las Farc, ni el narcotráfico. En Colombia hay unas situaciones socio culturales de desigualdad e inequidad que, desde el siglo XIX, le enseñó al campesinado -no las Farc- a resolver las cosas con las armas”.

 

Sin problema no hay conflicto

El gobierno, para afrontar el problema, desconoce a los más de cuatro millones de desplazados que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hay en Colombia y las 99 mil hectáreas de cultivos ilícitos sembrados en el país, según la Dirección Nacional de Estupefacientes. 

La política de seguridad democrática, que es una forma de afrontar el problema, se ha centrado en derrotar a las Farc militarmente y, como lo dice la politóloga Claudia López, “ha sido especialmente exitosa porque se ha focalizado en las Farc, en reducirlas y debilitarlas, pero infortunadamente otros fenómenos y otros actores como el narcotráfico y el paramilitarismo no han sido igualmente reducidos porque no han sido objeto en igualdad de condiciones de la acción de esa política”.

Los expertos coinciden en que la guerrilla sigue subsistiendo gracias al narcotráfico y a los convenios con otros grupos armados, hay alianzas entre paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros.

Colombia tiene 19 millones de pobres absolutos y, de ellos, ocho millones están en la miseria. Entonces, el tema de la paz tiene varias lecturas: reducirlo a que se acabó con la guerrilla es un enfoque restringido porque la desigualdad social sigue siendo un elemento para que haya en Colombia salidas alternas como el narcotráfico. 

“Al gobierno le ha interesado debilitar el narcotráfico; lo que pasa es que tenemos una política no solo ineficaz sino dañina. La lucha contra las drogas: la fumigación, erradicación, pretende que por la vía militar se va a acabar con la coca y el narcotráfico”, dice Claudia López.

Es una particularidad colombiana utilizar la vía armada para resolver el conflicto social político y económico, como lo explica Eduardo Domínguez: “la gente que quede separada de los grupos armados cuando oficialmente sea decretado, que ya terminaron porque no hay guerrilleros dirigentes, se van a dar cuenta de que los campesinos están en armas porque viven de economías colaterales al narcotráfico o porque la indignación y la rabia hace que estén tomando las armas como la tradición misma les ha enseñado” y para encausar el país se debe volver al debate político y acabar con la violencia como la manera de resolver los problemas, incluir en la agenda pública a los campesinos.

La solución al problema está mal planteada por todos los actores del conflicto armado: el Gobierno cree en los hechos militares para reprimir a quienes utilizan las armas para llegar al poder y los campesinos estando en el centro de la guerra utilizan su tierra para sembrar lo que más le convenga económicamente.

Puede que la guerrilla esté “derrotada estratégicamente”, como los analistas aseguran, pero el principal problema no es el grupo guerrillero, si no la exclusión social a la que han sometido a los campesinos. La sociedad debe ganar espacios de debate para deslegitimar y negar el uso de las armas y del narcotráfico para tramitar los conflictos sociales, políticos y económicos que es, en opinión de Claudia López, “nuestra desgracia. Debemos desarmar a los armados y quitarles capacidad de violencia y capacidad de financiación”.

Los grupos guerrilleros seguirán teniendo presencia en la sociedad, se pueden ver las opiniones a favor de la lucha subversiva por medio de las “redes de apoyo” en la Internet, y ese es tal vez uno de los mayores estímulos que recibe. Estos grupos virtuales no han sido controlados en su totalidad por los agentes de inteligencia estatales.

 

Por ahora, los campesinos siguen esperando la “fórmula mágica” de inclusión económica y social del gobierno. Mientras tanto, para no dejarse morir por el hambre, tienen que continuar con los cultivos ilícitos.

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